La Plenaria de Cámara, aprobó en segundo debate el Acto Legislativo que regula el cannabis de uso adulto, un paso fundamental para avanzar contra la fallida guerra contra las drogas en Colombia. Para su autor el Representante Juan Carlos Losada, significa un mensaje contundente que hoy envía el Congreso frente a la necesidad de cambio de la política antidrogas.
A su juicio, no tiene ningún sentido que los colombianos tengan derecho al porte y consumo de cannabis de uso adulto, pero no tengan derecho a adquirirlo de manera legal en un mercado regulado, sino que por el contrario, se vean obligados a comprarlo a redes de traficantes que son los que se han lucrado con la política prohibicionista en nuestro país.
Por ello, la regulación, frente a la salud pública, resulta más eficiente que el prohibicionismo. El mercado controlado permite determinar cómo, quién, dónde y qué se consume, permitiendo alejar a los menores de edad y población en riesgo de cualquier tipo de consumo y facilita la implementación de políticas de reducción de riesgos y control de daños.
Para el Representante Losada:
“Es solo a través de la regulación como le vamos a hacer frente al problema delincuencial que genera la ilegalidad, sólo a través de la regulación vamos a ser capaces de hacerle frente a la máquina de guerra de los jíbaros y de los narcotraficantes. Este proyecto no es un favor para los narcotraficantes, muy por el contrario, el favor es mantener la prohibición, la ganancia está en la ilegalidad del producto que se vende. Ahí es donde está el negocio de la droga”.
Desde 1994 la Corte Constitucional estableció que el porte y el consumo de drogas son acciones que se dan en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía de la persona y que no deben ser penalizadas, además porque, en sí mismas, el porte y consumo no afectan los derechos de las demás personas. (Sentencia C-221 de 1994).
Según el autor y coordinador ponente: “La Corte Constitucional ha dicho que es absurdo que se permita el porte y consumo de marihuana y que al mismo tiempo se impida regular la actividad de venta. Si el consumo está permitido, toca regular el mercado como un paso necesario para reducir los riesgos asociados con el consumo. Venta y consumo son actividades inescindibles pues no puede existir la segunda sin la primera”.
De igual manera, el representante afirmó que el proyecto no sólo se debe evaluar desde la perspectiva de la despenalización, sino también debe ser considerado como una gran posibilidad de crecimiento de la economía:
“Así como el alcohol y el tabaco están regulados y pagan impuesto, los impuestos al consumo del cannabis pueden ser una fuente de financiación para programas sociales, de salud y de educación, incluso significaría una reactivación económica pos-pandemia”.
En este sentido, fueron aprobadas las proposiciones del Representante por el Partido Liberal Carlos Ardila para que los impuestos generados por el #CannabisDeUsoAdulto sean canalizados para solventar las necesidades de los municipios más pobres de nuestro país y de aquellos municipios que han sido víctimas de la política prohibicionista de la guerra contra las drogas. “Que poblaciones como por ejemplo las del norte del Cauca, que tienen tantos problemas sociales y de guerra alrededor de los cultivos de la marihuana, se puedan formalizar de manera simple y puedan cobrar impuestos y se le pueda llevar esos impuestos al beneficio de esta región, del país y de sus habitantes”. Reitera Losada.
Despenalizar el uso adulto del cannabis nos dará la oportunidad única de ingresar a un mercado que se estima llegará a los USD $50 mil millones en Estados Unidos y de los que Colombia podría obtener $250 millones de dólares en el año 2025. Igualmente, según un estudio de Fedesarrollo del 2019, la industria del cannabis medicinal genera alrededor de 17,3 empleos formales por cada hectárea sembrada. Esto muestra que, en comparación con la industria de flores del país, el número de empleos que deja la marihuana medicinal es igual al de dicho sector.
El informe de ponencia del proyecto enmarca como otro punto importante que la regulación de la marihuana para uso adulto puede llevar a que el país ahorre importantes recursos en políticas punitivas y sobrepoblación carcelaria.
En términos de libertades individuales y derechos fundamentales Losada resaltó que el proyecto quiere profundizar en el reconocimiento de los derechos de los consumidores como un espacio y manifestación de sus libertades individuales dentro de un Estado democrático. Además, el Acto Legislativo contempla la creación de una política pública estricta para la prevención y atención del consumo del cannabis y la creación de una estrategia educativa nacional integral en colegios sobre las consecuencias del consumo.
El Acto Legislativo va para tercer debate en la Comisión Primera del Senado. Por ser Acto Legislativo requiere de 8 debates para convertirse en Ley, ya fue aprobado en primera vuelta de Cámara.
Otros puntos importantes que contempla el Acto Legislativo son:
1) Corrige la contradicción constitución/ley que se encuentra vigente frente al uso, consumo y comercialización del cannabis.
2) Evita la intromisión del Estado frente al derecho del libre desarrollo de la personalidad, permitiendo que los ciudadanos puedan decidir sobre el consumo del cannabis en un marco legal regulado.
3) Evita tratos discriminatorios o desiguales arbitrarios frente a la población que consume.
4) Fortalece el enfoque de política pública en salud en el que se considera al consumidor problemático como una persona que merece un tratamiento y no como un criminal.
5) Ofrece la oportunidad de dar apertura a un mercado legal nuevo y prometedor con resultados positivos demostrables según la internacional.
6) Genera externalidades positivas en el ámbito fiscal, por un lado, implica un mayor recaudo y con ello mayor inversión social, por el otro crea empleo.
7) Desestimula los mercados ilegales de narcotráfico y su implementación gradual podría conducir a reducir el índice de otros delitos relacionados.
8) Incluye un enfoque de derechos humanos y estrategias de reducción de daños. 8) Aliviaría las cargas y sobrepoblación del sistema penitenciario.
Con información OP Representante Juan Carlos Losada
