Por. Metrópoli Online
La Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Suba encendió las alertas y realizó un contundente pronunciamiento tras el debate de control político que evidenció irregularidades y presuntos sobrecostos en la ejecución del Contrato CPS 997 de 2025, operado por FUNDESCO con recursos de Presupuestos Participativos que debían robustecer la labor de la prensa local.
La indignación escaló de inmediato a los escenarios de representación política. Ante los preocupantes hallazgos y las alertas que vienen realizando los medios comunitarios y alternativos, se llevó el debate en la Junta Administradora Local (JAL) de Suba. En este espacio, varios ediles e integrantes de los medios comunitarios encararon la alarmante realidad: el dinero que la ciudadanía priorizó democráticamente en las urnas no está llegando completo a los beneficiarios, debilitando la autonomía y sostenibilidad de la prensa alternativa.
La denuncia principal apunta a un descarado 'tijeretazo' en la entrega de equipos tecnológicos. Aunque se proyectó una inversión de hasta $20 millones de pesos en insumos para cada uno de los 25 medios priorizados, las verificaciones demuestran que los elementos entregados apenas alcanzan un valor comercial entre $10 y $13 millones. ¿Dónde está el resto de la plata? Los afectados exigen que la Alcaldía Local de Suba verifique el valor real ejecutado y obligue a completar el fortalecimiento con las herramientas que inicialmente se priorizaron.
El dato: De los recursos destinados al fortalecimiento tecnológico, se están aplicando descuentos de hasta $4.500.000 por beneficiario para cubrir supuestos pagos de IVA, ICA y retenciones.
A esto se suma un manejo tributario y financiero que ha sido catalogado como poco claro. Los medios comunitarios denuncian que FUNDESCO también pretende aplicar deducciones sobre los $12 millones destinados a las actividades de divulgación. Para el gremio periodístico, estos descuentos —sumados a la nula concertación de cotizaciones más económicas y eficientes que fueron rechazadas sin justificación— configuran un escenario de sobrecostos y un presunto desvío de recursos públicos hacia pagos que ni siquiera han podido certificar.
Como si fuera poco, la administración pretende imponer trabas burocráticas inaceptables. Exigir el registro de Cámara de Comercio para entregar los equipos en propiedad, o someter el fortalecimiento a un esquema de comodato, contradice abiertamente la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa. Estas exigencias solo asfixian la labor de quienes construyen tejido social y limitan su autonomía operativa y financiera.
La Mesa Local y los medios alternativos de Suba exigen una liquidación individualizada y transparente antes de que se cierre el contrato. Asimismo, han solicitado formalmente la intervención inmediata de la Contraloría y la Personería de Bogotá. Las veedurías ciudadanas están listas: el presupuesto participativo es sagrado y el fortalecimiento de la comunicación comunitaria en Suba se debe cumplir de manera integral y sin más dilaciones.
El debate de control político se puede ver aquí.