Por Carlos Camargo, Defensor del Pueblo
La Constitución Política dispone, en su Artículo 64, que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, con el objetivo de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población rural y campesina. Esto claramente es un mandato para el cierre de brechas sociales y económicas.
El derecho al acceso a la tierra implica también el respeto por la propiedad privada y la garantía de su seguridad jurídica, por lo que el Estado debe promover y garantizar ambas esferas: por un lado la obligación de dar prioridad al acceso y tenencia de la tierra para las comunidades étnicas y campesinas, sin o con tierra insuficiente, y por otro respetar el uso, goce y disposición de aquellos quienes con arreglo a la legalidad han adquirido bienes muebles e inmuebles.
Para la Defensoría del Pueblo son preocupantes los hechos recientes de invasiones de tierras en diversas partes del país como en Curumaní (Cesar), Caloto, Guachené y Miranda (Cauca) y, más recientemente, en Huila, Guainía, Urabá antioqueño y Atlántico, los cuales implican una abierta vulneración al ordenamiento jurídico colombiano y un desconocimiento de los derechos adquiridos por particulares.
Resulta grave cuando los trabajadores de las fincas invadidas son agredidos y amenazados –como en el caso del Cauca–, ya que representan riesgos para los derechos a la vida, libertad, integridad y el trabajo, por lo cual nuestra entidad, en el marco de su labor de promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, lo rechaza de forma categórica.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a quienes a través de vías de hecho pretenden hacerse a la tenencia de la tierra, para que frenen este tipo de acciones arbitrarias, las cuales atentan contra los derechos de otros conciudadanos y desencadenan conflictos que pueden tornarse violentos.
Quienes deseen acceder a la propiedad de la tierra deben hacerlo mediante las rutas y mecanismos establecidos en la legislación y normatividad vigente.
Es necesario avanzar en un diálogo social entre las partes intervinientes y las entidades competentes, a fin de que se evalúe la necesidad de acceso a la tierra por parte de quienes han liderado dichas invasiones, para su acceso a las rutas dispuestas por la Ley, sin con ello vulnerar los derechos adquiridos de otras comunidades rurales.
Es indudable la intención del nuevo Gobierno de orientar los esfuerzos para garantizar soluciones efectivas en materia de acceso a tierras, pero ese mensaje no puede malinterpretarse y ser usado como una ‘patente de corso’ para, mediante las vías de hecho, acceder a la tierra, lo cual constituye un claro desbordamiento de la legalidad.
En este sentido, el Gobierno debe insistir en sus mensajes en que su voluntad política para la implementación del acceso a la tierra no es una invitación a las vías de hecho sino a la implementación de la política de tierras en el marco del Estado de Derecho y con el pleno respeto de los derechos de todos los colombianos en su conjunto.
Se requiere el compromiso de todas las autoridades y la sociedad civil para ponerle freno a esta práctica mediante la implementación de acciones concretas que permitan desincentivar la invasión de tierras.
En este sentido convoco a una mesa nacional de diálogo en la que nos sentemos junto al Fiscal General, la Procuradora, los ministros del Interior, Defensa y Agricultura, las cabezas de la Agencia Nacional de Tierras, de la Unidad de Restitución de Tierras, gobernadores y alcaldes de las zonas donde se están presentando las invasiones, para encontrar caminos que garanticen el respeto de los derechos de todos y, por supuesto, que no se materialicen más casos de estos.
