Por. Nadia Patricia Suárez V.
Desde el viernes, 16 de mayo, se debate en la Junta Administradora Local -JAL, el Acuerdo 02 que formaliza la Mesa Local de Medios Comunitarios y Alternativos de Engativá, que en su primer debate del 19 de abril fue aprobado por la Comisión de Gobierno.
Lejos de ser un situación elogiable, los directores de medios de comunicación con arraigo en la localidad y trabajo ininterrumpido de años cubriendo la localidad, lo ven como un retroceso, una reprimenda y ruptura a un procesos próximo a cumplir dos décadas.
Es desgastante estar de nuevo en la JAL para hablar y debatir lo concerniente a una instancia de participación para los medios de comunicación comunitarios y alternativos de Engativá. En especial, porque pareciera que lejos de avanzar estamos retrocediendo. En los debates adelantados a finales del 2024 hablábamos, en este recinto (JAL), de la creación de un Concejo local de comunicación. Proceso que no pudo continuar y debió ser archivado debido a que el máximo órgano de la participación distrital (IDPAC), para ese entonces, no emitió a tiempo los conceptos requeridos.
Ahora, vemos como desde la iniciativa del alcalde Víctor Huertas, se radica la formalización de una mesa. Primer aspecto que considero retroceso, dadas las claras diferencias entre las dos instancias, las cuales, van mucho más allá que el nombre, como bien lo han expuesto los ediles Natalia Guarnizo y Fidel Poveda. Y aquí, nacen los primeros cuestionamientos, ¿Por qué se crea de manera exprés una instancia carente de consenso y con afectación directa a los medios de comunicación?, ¿Por qué cuando la iniciativa era de los medios, el debate no contó con los conceptos a tiempo para surtir el proceso?, ¿Por qué pese a hablar de la importancia de crear un concejo, se radicó la formalización de una mesa?
Por otra parte, la naturaleza de las instancias es el fortalecimiento, el crecimiento. En ese sentido vale aclarar que Engativá tiene Mesa local de medios de comunicación comunitarios y alternativos, con trayectoria, actas y un ejercicio propio de crecimiento en temas de cantidad y cualificación de quienes la integramos. Entonces, el ejercicio natural sería escalar al siguiente nivel, a un consejo que promueva y fortaleza el derecho a la participación en calidad de instancia consultiva, entre otras, con espacio por derecho en CPL (Consejo de Planeación Local). Pero, además, por hacer valer el derecho a la igualdad, donde la gran mayoría de sectores sociales de la localidad cuentan con un concejo, es contradictorio que la comunicación, considerada el cuarto poder, sea excluida y limitada a una mesa.
Sin embargo, lo más preocupante, a mi parecer, es el actuar de la entidad que se supone tiene por misión, promover la participación en el distrito, el IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal), puesto que la gran mayoría de nosotros (medios de comunicación y ediles) somos testigos de los conceptos ambiguos, las apreciaciones no comprometedoras, los conceptos no vinculantes y lo discursos en contravía de los documentos firmados que emiten. Pareciera entonces, que hay un ligero interés por sabotear el trabajo de la localidad. Además, de una afectación directa a medios locales que sin razón vienen excluyendo de la base de datos, con el agravante, de que siguen emitiendo el certificado de existencia y pertenecía. Entonces, ¿Cuál es el juego aquí?, ¿Cuál es el interés?, ¿Cuál es el papel del instituto en las instancia de participación?
Si seguimos detallando, el panorama sigue siendo sombrío. Pues en la capital, varias localidades cuentan con Concejo de comunicación, otras están tramitando procesos para pasar de mesa a concejo y, ¿Saben algo?, ¡No ha pasado nada!, el IDPAC no ha torpedeado el proceso, no ha negado el concepto de viabilidad. Entonces nuevamente surgen interrogantes, ¿Qué pasa?, ¿Por qué unas localidades sí o tras no? ¡Ah!, pero el Instituto dio la respuesta, "porque todos los procesos son diferentes. No todas las localidades cuentas con las mismas particularidades". No sé, pero parece poco convincente, y muy conveniente.
Por otra parte, el tema de territorialidad sigue siendo un tema de profunda preocupación, dado que el acuerdo insiste en limitar bajo este concepto la participación con voz y voto a quienes tienen procesos en otros concejos o instancias de Bogotá, de esta manera se está negando el derecho constitucional a la participación de varios medios activos en la localidad. En las cifras narradas por el edil Fidel, de 24 medios que hacen presencia y trabajo en la localidad, 15 quedarían inhabilitados, de esos, 5 dirigidos por mujeres. Es decir, una tercera parte.
En un país como Colombia, con su compleja situación política y económica, generar empresa es difícil, vivir de un medio de comunicación comunitario, es complicado. Y desde el rol de mujer, madre, esposa, o cabeza de familia, es todavía, más complicado. Pareciera entonces, que además de la afectación a los derechos, también existe un interés por castigar a esas mujeres que se la juegan por hacer de la comunicación comunitaria un proyecto de vida, con impacto social y autosostenible.